En días recientes, la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, figura destacada del oficialismo, afirmó que “11 millones de mexicanos han salido de la pobreza desde la llegada de la Cuarta Transformación”. Sin embargo, esta declaración no resiste el contraste con las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo autónomo encargado de medir la pobreza en México.
Según el informe más reciente del Coneval, entre 2018 y 2022 —el primer periodo completo disponible del sexenio de Andrés Manuel López Obrador— el número de personas en situación de pobreza en México disminuyó de 51.9 millones a 46.2 millones, lo que representa una reducción de 5.7 millones de personas (aunque en los comunicados se suele hablar de 5.4 millones para redondear).
Esto significa que la cifra real es menos de la mitad de lo que afirma Andrea Chávez. Además, conviene aclarar que esta disminución no puede atribuirse exclusivamente a las políticas del gobierno federal, ya que también influyen factores como:
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La recuperación económica post-COVID
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Las remesas históricas enviadas desde EE.UU.
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Los programas sociales locales y estatales
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Cambios metodológicos en los censos
Aunque la pobreza general se redujo, la pobreza extrema (personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos y al menos una carencia social) no disminuyó de forma significativa, lo cual representa un gran desafío estructural.
Además, algunas carencias sociales, como el acceso a servicios de salud, aumentaron de forma preocupante durante el periodo 2018–2022. De hecho, el Coneval señaló una reducción de más de 20 millones de personas con acceso garantizado a servicios de salud, debido a la desaparición del Seguro Popular y fallas en la implementación del INSABI e IMSS-Bienestar.
No es la primera vez que desde el oficialismo se exageran los logros en materia social. Usar cifras infladas genera una narrativa triunfalista que busca capitalizar políticamente. Sin embargo, los datos del Coneval son públicos, transparentes y metodológicamente sólidos, por lo que este tipo de afirmaciones terminan siendo fácilmente desmentidas.
La verdad debe ser la base del discurso político, y los datos oficiales deben respetarse, más allá de intereses partidistas.
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